Arica, jueves 27 de julio de 2023. Durante las jornadas del lunes 24 y martes 25 de julio, la Subsecretaría de Prevención del Delito llevó a cabo, junto con la Delegación Presidencial Regional, Carabineros de Chile y el Servicio de Salud Arica y Parinacota (SSAP), una revisión de las medidas de seguridad del Hospital Regional de Arica Dr. Juan Noé.
La actividad, que consistió en una marcha exploratoria y la elaboración de un informe técnico de seguridad, nació de la Fuerza de Tarea de Seguridad en el Sector Salud que preside la Delegación Presidencial Regional y cuya secretaría ejecutiva es encabezada por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Participaron Elsa Cortez, coordinadora regional de seguridad pública, el director (s) del SSAP, Froilán Estay, y el director del hospital, Cristian Quispe, entre otros personeros.
La marcha exploratoria consistió en recorrer el perímetro del hospital, con el fin de revisar los problemas del entorno que pudieran afectar la seguridad de las y los trabajadores y usuarios que asisten al recinto hospitalario. A su vez, en el recorrido por el interior del hospital, se detectó como principales problemas: pacientes que se fugan del recinto, familiares que bloquean los accesos a unidades especializadas, agresiones a trabajadores de la salud y alto flujo de personas que transitan en el interior del recinto.
Quispe destacó la importancia de esta fuerza tarea y las medidas que se han implementado para mejorar la seguridad del recinto. “Gracias a esta visita, hemos podido detectar aquellos nudos que podemos trabajar para ir superando las medidas de mitigación de posibles riesgos, que enfrentan tanto los funcionarios como los usuarios de nuestro hospital”, señaló.
Otras de las medidas que ha aplicado la Subsecretaría de Prevención del Delito para la protección de los funcionarios y funcionarias del sistema de salud es el acuerdo de colaboración entre el Programa de Apoyo a Víctimas y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Este convenio brinda asistencia jurídica y psicológica gratuita a los funcionarios que en el ejercicio de su labor sufran delitos o agresiones.